La compañía aseguradora exige que los arrendatarios superen un análisis de riesgo previo y que los documentos incluyan firmas legales, renuncias a requerimientos de mora y la plena identificación de los bienes. Además, se establecen pautas claras sobre la subrogación de derechos, permitiendo que la aseguradora actúe legalmente contra los deudores tras pagar una indemnización. Los asegurados deben cumplir con plazos estrictos para reclamar y notificar cualquier cambio en el uso del inmueble o en el valor del contrato. Finalmente, la normativa contempla la devolución proporcional de primas en casos de revocación o reducción del riesgo cubierto.